Lleva la Internet española especialmente caldeada los últimos cuatro años.
De una parte los mal llamados medios de comunicación social que, fervientes defensores del sistema, tratan a la
Red como si de un espacio diferente se tratara; de otro los políticos que, desconociendo de forma generalizada la
organización, estructura, fundamentos y tecnologías de Internet, pretenden acotar el campo de juego conforme
a unas reglas que transgreden lo convencionalmente establecido para el mundo real. Finalmente, los internautas que, como
fiel reflejo de una sociedad plural se debaten entre la regulación total de Internet, normalmente influidos por la
cantidad ingente de propaganda negativa que el sistema arroja sobre todo lo relacionado con la Red; la permisividad total,
primigénea expresión de la explosión de Internet - una vez olvidados sus orígenes militares -;
y la adaptación de la Red a la sociedad que nos ha tocado vivir, pero basada en un equilibrio armónico, nunca
en una discriminación de lo 'virtual'.
Mucho se habla a diario sobre conceptos técnicos inherentes a la Red; protocolos, tecnologías, hardware, software, ... pero poco o nada se habla sobre las oportunidades reales que la red de Redes puede llegar a suponer. Manifiestos filosóficos como la ”Declaración de Independencia del Ciberespacio” de John Perry Barlow, normalmente descontextualizada y aprovechada para pretender desarmar un falso anarquismo en la Red, crean una nueva corriente de pensamiento en los albores del siglo XXI.
Es de todo punto respetable que los poderes políticos entiendan la Red como un ente corpóreo, legislable, controlable,... pero también ha de ser respetable, y respetada, la opinión de quienes creen que Internet significa algo más que un desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad mercantil. Por eso la pregunta que traigo hoy aquí es sencilla: ¿puede Internet desembocar en el desarrollo de una democracia directa al estilo ateniense de la palabra?:
En una sociedad en la que lo ocurrido el 11 de Septiembre de 2001 parece haber marcado un antes y un después en materia de privacidad, de seguridad, de respeto a los principios básicos recogidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es tiempo de analizar, y de polemizar, sobre el camino que hemos de tomar.
Internet, en si misma, encarna uno de los valores, si no el más importante, de la mencionada Declaración. En la Red no existen razas, color de piel, sexo, confesiones religiosas o políticas. Desde este punto de vista la Red se constituye en un espacio de infinito respeto a los derechos fundamentales del ser humano.
No está de más recordar, para empezar, que el concepto de democracia original ateniense concebía de forma indisoluble Estado y Sociedad, los ciudadanos gobernándose a si mismos mediante la participación activa en política; algo que, como deber ineludible, recaía en uno u otro momento sobre todo ciudadano.
Parece claro hoy en día que la esencia de la democracia griega en la antigüedad no fue sino la participación directa de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad (polis). Algo que las múltiples comunidades virtuales desarrolladas en la Red vienen haciendo desde hace muchos años. Resulta, cuando menos, curioso observar las diferentes denominaciones que las empresas han otorgado en la Red a sus iniciativas: Internepolis, Metropoli, Ágora, Debate, ....
¿Podemos establecer, entonces, que la intención de quienes nos dan servicio de conexión a la Red y a sus contenidos tienen esto en mente?
Me temo que no. En Atenas la participación de los ciudadanos se desarrollaba conforme a un principio fundamental:
La participación del ciudadano se basaba en la asistencia a la ecclesia (Asamblea Popular), a la que podía - por derecho - asistir todo ciudadano y que era el órgano que tomaba las últimas decisiones políticas. Este era el cuerpo soberano que se reunía diez veces al año y que estaba compuesto por todos los ciudadanos. En función de qué condiciones atribuían a los atenienses la condición de ciudadano es fácil afirmar que esa condición recaía sobre unas cincuenta mil personas (una vez eliminadas las mujeres, los esclavos, los convictos, extranjeros y otros grupos no considerados con tal derecho). Es más que probable que a cada reunión de la ecclesia asistiera menos de la mitad de todos ellos; aunque teniendo en cuenta que se necesitaba un quórum de 6000 personas para tomar decisiones sobre derechos de los propios ciudadanos o condenas al destierro, la cifra resultante se perfila como bastante elevada. Algo que podemos extrapolar a Internet considerando como no ciudadanos a los que por meros intereses de las operadoras de telecomunicaciones o de los gobiernos no tienen la posibilidad real de convertirse en cuerpo vivo y debatir en la ecclesia virtual que es la Red. Ciudadanos de medios rurales condenados al silencio, al ostracismo según la definición griega de la palabra, porque no son tenidos en cuenta en los balances de resultados anuales de quienes pretenden tener el poder en Internet. Ciudadanos que, por su condición social, sólo pueden mantener la 'conversación sin fin' que Internet representa en horarios marcados por las operadoras según sus propios intereses. Ciudadanos que pueden poner en peligro su libertad, o incluso su propia vida, por emitir opiniones sobre sistemas corruptos, dictatoriales y censores. Esto me lleva a pensar que, aún así, existe en Internet el quórum suficiente para desarrollar determinadas tareas. Máxime si tomamos como ciertas las cifras ofrecidas, que estiman el número de ciudadanos virtuales españoles en unos 8 millones de personas. En un Estado en el que el partido gobernante puede gobernar con mayoría absoluta con un número de votos en torno a los 10 millones, creo que la cifra de internautas es más que significativa.
No podemos por menos que analizar tambien el papel del Gobierno en esta situación. Resulta desalentador el observar que se pueda primar a unos pocos en perjuicio de unos muchos. Porque si se trata de crear una sociedad libre, participativa y democrática, no se puede prescindir del administrado. El ciudadano medio demuestra, cada día, una cultura democrática muy por encima de la visión que los políticos quieren transmitir.
Otorgar una subvención para la compra de equipos informáticos no deja de parecer una forma de colocar a nuestro país en una buena posición en las encuestas. Mientras, las personas opinan, debaten y - lo que es más importante - comparten sus pensamientos sobre la sociedad que les ha tocado vivir; sobre la forma en que se organiza y la manera en que desearían estuviera organizada. Como viene siendo habitual, la sociedad va por un camino mientras que los políticos caminan por uno diferente.
Nota: Todas las experiencias relativas a participación ciudadana virtual en votaciones, referéndums, ... carecen de valor legal en España. Los sistemas de votación electrónica utilizados se basan en programas privativos que no garantizan, por su opacidad, la transparencia del proceso electoral. Varios movimientos, asociaciones y colectivos reclaman el uso de estándares abiertos para convertir la participación virtual en una participación real y efectiva a la hora de emitir sus votos y expresar sus opiniones.